La suerte de Sergio Salgado, el ex intendente de Santa Rosa pasó de gris a oscura, luego de que el fiscal Sebastián Capizzi pidió, al término de sus alegatos, una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarlo culpable de una serie de delitos contra la administración pública.

El pedido del fiscal se realizó pasado el mediodía de este martes, y como cierre de unos alegatos en los que Pazzini hizo un recorrido por las cuatro acusaciones que pesan sobre Salgado y parte del que fue su gabinete municipal.
“Lo que estamos analizando en este debate son cuatro casos de corrupción, cuatro ejemplos claros de lo que ocurre cuando alguien tiene el poder monopólico, con grandes facultades para manejarlo todo pero sin dar explicaciones de nada”, dijo Pazzini al inicio de su alegato.

El fiscal pidió también penas de tres años de prisión en suspenso para el concejal Marcial Ibarra (45) y el ex jefe de Acción Social, Flavio Araya (39), en tanto que solicitó al tribunal dos años de cárcel para la ex secretaria de Salgado, Gisela Ruggeri (38), todos acusados por el delito de concusión y que podrían ser sancionados además con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El fiscal recordó el manejo irregular que la comuna hizo de la playa de la feria La Salada, que estuvo en manos de funcionarios municipales durante tres años y aunque admitió que parte del dinero generado fue a manos de escuelas, clubes y otras instituciones, también subrayó que “no existe contabilidad del manejo de ese dinero. Sabemos que se guardaba en la oficina del intendente pero no hay registro contable de nada. Así no se maneja una comuna, por más que uno quiera hacer beneficencia”.

Pazzini también acusó a Salgado por el desvío de fondos públicos en el caso de la planta de destete que la comuna nunca construyó en el predio junto al Iscamen: “La comuna y el Iscamen suscribieron un acuerdo mediante el cual, el municipio debía construir una planta de destete. La verdad es que nunca la hizo y ese millón y medio de pesos que recibió, no está claro qué destino tuvo”.

Para el fiscal Pazzini, no alcanza con que Salgado haya construido una planta de alimento para ganado en la ruta 7: “El dinero de ese convenio tenía un único fin y no se puede así, arbitrariamente decidir desviarlo”.

También recordó el fiscal la acusación que pesa sobre Salgado y Franco Ojeda, el ex secretario de Hacienda para el que Pazzini pidió tres años de prisión y otros diez de inhabilitación para cargos, acusados de haber librado cheques municipales por más de un millón de pesos, a nombre de un lubricentro que nunca fue proveedor de la comuna. “El tesorero Lezcano, que declaró en calidad de arrepentido, contó cómo fue la maniobra, dijo que Ojeda le pidió que el pago saliera rápido y que el propio Salgado confirmó la orden”.

También Salgado está acusado de desobediencia al no responder un requerimiento de Fiscalía de Estado por una licitación y aunque se trata de un delito que aparecería como menor, para el fiscal Pazzini es muestra de que “el corrupto siempre evita dar información”.

Los defensores de Salgado y su grupo de ex funcionarios apuntaron en todos los casos a buscar la absolución de los acusados.

En algunos casos, criticando a testigos, como el tesorero Lezcano y pidiendo que se declare nulo su testimonio, en otros señalando que los funcionarios no tenían como saber que podía existir un delito, como ocurrió con los funcionarios de segunda línea que participaron del manejo de la playa de la feria de La Salada o incluso, asegurando que el delito mencionado no existe, como en el de la malversación de fondos, donde los abogados de Salgado señalaron que en todo caso había existido un incumplimiento de contrato, pero que la comuna construyó una planta de alimentos para ganado en lugar de una de destete.

El lunes próximo se conocerán las sentencias.

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