La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, recibió al coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, Raúl Vicchi, quien explicó el procedimiento que se está llevando adelante para darle una solución a la cantidad de vehículos que se encuentran depositados por diversas causas en la playa San Agustín.

En general, informó que la mayoría de estos vehículos devienen de la comisión de algún delito por lo que están involucrados en distintos expedientes judiciales. Detalló que en la actualidad hay unos 23 mil rodados en San Agustín, de los cuales el 85% son del Poder Judicial, y que hay una serie de complejidades que han hecho que a lo largo del tiempo hayan quedado en ese lugar provocando incluso, focos de contaminación por las baterías, los aceites y demás componentes.

“Todos estos bienes que dependen del Poder Judicial y que son fruto de las actividades delictivas y que luego los jueces tienen que tomar la decisión de su decomiso”, produjeron a través de los años “una acumulación de vehículos de tal naturaleza que hay más de 20 mil que son propiedad del Poder Judicial que tienen que ser destruidos, por su condición, porque no pueden ser reinsertados al sistema nacional, o bien tienen que ser vendidos por remate público, según las circunstancias de cada uno de ellos”, dijo Vicchi.

El funcionario explicó además que “hemos empezado todo el proceso en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya tenemos 500 vehículos para su destrucción, estos vehículos van a destruirse en una máquina que tiene que ser licitada por el mismo Ministerio y puesta en funcionamiento dentro de la misma zona de la playa de san Agustín”.

En tanto, “las que salgan a remate van a producir una cierta cantidad de dinero que va a ser compartido entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, porque han sido las dos estructuras que han mantenido la custodia de estos vehículos durante todos estos años, siempre y cuando puedan reinsertarse al sistema y puedan reinscribirse”, añadió.

En principio, la Corte priorizará “la destrucción de vehículos que tienen que ser sacados del sistema”, sostuvo, teniendo en cuenta que “hay vehículos que tienen 40 años dentro del depósito”.

Por otra parte, adelantó que hay vehículos de alta gama que también se encuentran en la playa de San Agustín, que por lo general son autos “mellizos”, con los que se procedería al remate por pieza o bien, serían entregados a la policía o al Cuerpo Médico Forense.

Además, camiones cero kilómetro que no tienen ningún número de registro, sobre los que se acordó con los Ministerios de Seguridad y de Gobierno, que se enviarán a las cárceles para montar en ellos consultorios médicos, rayos x, laboratorios, etc, para el tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos dependientes del Ministerio de Gobierno, y otros que se utilizarán para el traslado de presos, bomberos, seguridad y criminalística y también, para el Poder Judicial, una morguera.

Asimismo, explicó que en el caso de las bicicletas, hay un acuerdo con la Dirección General de Escuelas para que sean entregadas a distintos establecimientos educativos.

Participaron de la reunión, los diputados Jesús Riesco (PD), Luis Francisco (FPV), Mónica Zalazar (FPV), Marina Femenía (FPV), Patricia Gutíérrez (UP), Diego Guzmán (UCR) y Héctor Quevedo (UCR)