Otra vez crisis en Santa Rosa y en esta oportunidad la polémica tiene que ver con una decisión del Ejecutivo, que dejó sin trabajo a 150 empleados, alegando que se trata de gente que ingresó a la comuna de manera irregular, en los meses previos a la elección de 2015.

El decreto lleva la firma de la intendente Norma Trigo, quien ha defendido la decisión asegurando que “es algo que teníamos que hacer. Cuando asumí dije que había gente que había entrado a la comuna de manera irregular y que íbamos a revisar la situación y eso es lo que estamos haciendo”.

El decreto se apoya una auditoría que realizó el área de Recursos Humanos y en la que se detectó que 150 empleados ingresaron a la planta en 2015, como resultado de maniobras irregulares, previas a las elecciones de ese año. “La ley dice que no puede entrar personal a la comuna en la previa de una elección y tampoco sin el acuerdo de una Junta Evaluadora, y es lo que ocurrió en estos casos”, explicó Walter Fredes, a cargo del área.

Desde el Ejecutivo subrayaron que muchos de esos empleados “nunca han trabajado o prácticamente no vienen por la comuna. En muchos casos son favores de la política a cambio de votos”, y de todos modos, el municipio señaló que “para los casos en que se trate de sostén de familia y que esté comprobado que el empleado trabaja como corresponde, vamos a ofrecer un contrato de seis meses en el mismo puesto de trabajo”.

Hubo mucha polémica en Santa Rosa por la decisión del Ejecutivo, pero también muchos nervios y angustia, especialmente entre aquellos que quedaron cesanteados de su trabajo: “Desde que entró esta gestión no he estado seis meses en un mismo puesto y ahora me echan sin motivo”, dijo Ismael, que trabaja en los talleres de la comuna.

Durante toda la mañana de este jueves, personal de ATE estuvo en Santa Rosa, con la idea de contener a la gente, pero también de arrimarle algún asesoramiento legal sobre cómo seguir y qué pasos tomar: “No creemos que un contrato sea la solución, porque la gente va a renunciar a su antigüedad, entre otras cosas”, dijeron los gremialistas.

Además, aconsejaron a la gente que “en lo inmediato, envíen una nota al Concejo rechazando el decreto. Ese paso es fundamental y veremos qué contesta la comuna”.

Desde el Ejecutivo, se ha insistido durante toda la mañana en que no habrá marcha atrás: “Es una decisión difícil, pero había que tomarla. Hay un plan de contención para la gente que trabaja o que es sostén de familia, pero tiene que ser en otro tipo de relación laboral, una legal como es el contrato”, insistieron desde el área Legal de la comuna.

El Concejo Deliberante también se mostró preocupado por la situación y en una reacción que no distinguió bloques ni partidos, los ediles se mostraron críticos de la medida: “No estamos de acuerdo con las formas y hemos pedido una audiencia con la intendente para plantearle nuestro punto”, dijo la presidente del Concejo, Débora Quiroga: “Sabemos que es cierto que hay personal que ingresó de manera irregular, durante la época de Sergio Salgado y especialmente previo a las elecciones, pero estas medidas tienen que tomarse de manera gradual. Acá lo que se ha conseguido es generar una crisis social y mucha angustia. Ojalá que la intendente revea la medida y podamos dar una solución”.

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