Acusado de haber protagonizado al menos 318 estafas, el empresario Enrique Blaksley Señorans fue procesado y seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza, en donde se encuentra desde el 10 de abril. La jueza federal María Servini además embargó los bienes del “Madoff” argentino en 3 mil millones de pesos.

El fallo alcanza a tres socios de la empresa Hope Funds S.A. acusados de protagonizar una de las mayores estafas del país: Federico Dolinkué, Alejandro Carozzino y Verónica Vega. Todos está imputados por los delitos de “asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública”.

Federico Dolinkué es socio en el directorio de la empresa y recibió un embargo de 1.833 millones de pesos, Alejandro Miguel Carozzino es el gerente administrativo, y Verónica Vega, no sólo es la tesorera de Hope Funds, sino también la cuñada de Blaksley. Estos últimos dos fueron embargados por 2.777 millones de pesos cada uno.

Blaksley se encuentra actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza junto a su socio Dolinkué, en un pabellón donde se encuentran encerrados los presos por corrupción. Mientras que Vega fue alojada en el penal de mujeres de Ezeiza y Carozzino fue trasladado al penal de Marcos Paz.

La causa

De acuerdo a la acusación de la fiscal Alejandra Mángano, Blaksley y sus socios están acusados de haber defraudado al menos a 2.273 personas por un monto de 1.500 millones de pesos, entre los fondos entregados a las sociedades del grupo y los intereses acordados. Con ese fin, desplegaba distintas actividades engañosas que consistían en participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Hard Rock Café y Hertz, y en auspiciar distintos eventos como la visita del tenista Roger Federer y el velocista Usaín Bolt al país.

Según las investigaciones, para concretar la maniobra se firmaban contratos de garantías que “no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable” y para el desvío de los fondos “se utilizó un complejo entramado societario” mediante 25 empresas que fueron creadas en Panamá con el único fin de canalizar el dinero.

En su indagatoria ante la jueza Servini, que se extendió dos días la semana pasada, Blaksley negó haber pergeñado una estafa contra miles de ahorristas y aseguró que en su compañía hubo un “desastre administrativo” a partir de 2015 que le impidió pagar a sus clientes. Además, afirmó que si vende los activos que le quedan podría pagarle a todos los damnificados y por ese motivo pidió que le den un arresto domiciliario para poder seguir trabajando desde su casa con ese fin.

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