El Instituto Provincial de la Vivienda inició el proceso para recuperar más de 1000 viviendas en manos de morosos. Según informaron desde el Gobierno, la deuda asciende a los 200 millones de pesos, que correspondería al 45% (29.250), de los 65 mil beneficiarios.

En estos casos se comienza con los pasos administrativos y judiciales, para que las personas puedan regularizar la deuda. Caso contrario, si estos no cancelan la mora serán desalojados de la vivienda.

Según informaron, desde el 2015 el Gobierno provincial inició el programa de regularización de deuda al IPV. Este plan consiste en identificar al moroso, status que adquiere al poseer 3 cuotas impagas. Al llegar a esa instancia, se lo notifica bajo puerta y si después de 10 días no responde, se le da de alta en el Veraz.

Este organismo podrá notificar al IPV si el deudor regulariza su deuda, además de ofrecer alternativas para refinanciar la deuda. Si luego de 21 días el adjudicatario continúa sin responder, se abre un expediente de ejecución de hipoteca o desadjudicación. De esto dependerá del estado de la vivienda, es decir, si está o no escriturada.

Aún no se ha llegado a ninguna desadjudicación con desalojo administrativo o remate, aunque más de mil familias están en procesos “complicados”, y su situación se podría agravar aún más.

“Estas personas si en breve no regularizan, serán desalojadas de su vivienda y como la misma está a nombre del IPV, lo que se hace es adjudicarla a otra persona sin instancia de juicio”, explicó el secretario administrativo del IPV, Rodrigo Giménez.

Hasta el momento, afirmó Giménez, “en ninguna gestión se había hecho un trabajo tan importante, pero el objetivo es que la gente abone y con ese dinero se le pueda seguir brindando un techo a otros mendocinos. Nos hemos encontrado con personas que llevaban más de 7 años sin pagar”.

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