El Gobierno ultima los detalles para enviar un proyecto de ley que modifica la composición del consejo de la Magistratura y podría facilitarle una cómoda mayoría para los últimos dos años de la presidencia de Mauricio Macri.

El organismo pasaría a estar integrado por 16 miembros, 3 más que la composición actual, pero seguiría con 6 legisladores y un representante del Poder Ejecutivo y otro del ámbito académico, que deberá ser doctor en derecho.

Crecería a 4 los representantes el Poder Judicial (hoy son 3) y de los abogados (hay dos), que deberán ser de la matrícula federal, “inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior de la república”, según última versión. Ya no sería obligatorio que uno de los miembros tenga domicilio en el interior del país.

Con esta composición, la mayoría se alcanzará con 9 votos, o sea, si el macrismo mantiene 3 legisladores propios, le alcanzará con 5 de los 8 votos que sumarían jueces y fiscales para manejar la agenda del organismo encargado de nombrar y sancionar magistrados.

Sin contar que Cambiemos conserva la esperanza de sumar un representante por el Senado (sólo tiene uno) si la ruptura del peronismo lo convierte en primera minoría.

Los consejeros tendrían cuatro años en sus funciones, no podrían arrastrar condenas dolosas en los últimos 20 años ni culposas en los últimos 10 y ninguna por corrupción o lesa humanidad.

Tal vez para evitar reclamos de inconstitucionalidad, en el último borrador no se obliga a que los consejeros sean abogados, pese a la reciente destitución del senador Ruperto Godoy por no contar con título de grado.

Sólo se menciona que “en caso de los abogados, se requerirá ser matriculado activo en algún colegio profesional, salvo que estuviera exceptuado por su provincia”.

El consejo mantendrá las cuatro comisiones (Selección de Magistrados y Escuela Judicial, Disciplina y Acusación, Administración Financiera y reglamentación), que con la nueva composición, todas con legisladores en minoría.

Un buen acuerdo del Gobierno con jueces y abogados le allanaría el camino para manejarlas a gusto.

El debate se colaría en el último mes del Congreso, donde planean hasta 5 sesiones por Cámara (2 antes del 10 de diciembre y 3 en diciembre), aunque la agenda estará sujeta al margen de acuerdo del Gobierno con gobernadores sobre el presupuesto, la reforma impositiva y el pacto fiscal. Cualquier otra cosa, vendrá después.

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