La PROCELAC, organismo que investiga las maniobras de lavado de dinero, presentó una denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, empresas vinculas al líder sindical y al gremio Camioneros por presuntas evasión impositiva y lavado de dinero superior a los $4.000 millones.

La acusación cayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita, luego de un informe de inteligencia confeccionado por la UIF.

La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada.

Pero la denuncia también contempla a compañías como el Grupo Rhuo –controlada por OCA–; el Grupo Damasco; el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA, según reveló Infobae.

La Justicia está analizando una supuesta red de pases de fondos, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Farcuh y Moyano. Y, si bien es difícil de determinar los montos, se habla de unos $4.000 millones.

Las empresas investigadas son:

– Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales SRL. En su directorio estuvo Farcuh como socio gerente. Posee una deuda por 165 cheques sin fondo por más de $31,5 millones según el Banco Central. Pero balances detectados por la UIF hablan de crecimientos astronómicos: ganancias netas para 2009 de 3,9 millones y de con $25 millones en 2014.

– Pertenecer SRL, dedicada al rubro de limpieza, también tuvo a Farcuh como socio gerente. Registró $28 millones en cheques rebotados. A pesar de ello, tuvo ganancias de $1,9 millones y de $13 millones en 2009 y 2013. Al igual que la empresa anterior, operaron con el sindicato de Camioneros y con la empresa de recolección de residuos Covelia.

– Grupo Rhuo, que compró el paquete accionario de OCA en 2013 por u$s60 millones. Fue bajo su gestión cuando OCA comenzó a deberle al fisco, reteniendo aportes a personal y “tercerizando” tareas.

– Grupo Damasco S.A, adquirió en 2014 a la firma Reviens S.A., que meses antes habría pertenecido a la Federación y a la Mutual de Camioneros. Habría realizado operaciones con Guía Laboral, Pertenecer y OCA. Damasco reportó cheques sin fondo por más $4 millones, registró pérdidas de más $1,6 millones.

El estado de OCA
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) le otorgó hace una semana una nueva prórroga de 30 días hábiles para que OCA siga operando en el mercado postal privado de la Argentina, mientras se completa una serie de documentaciones que debe entregar la Justicia y la AFIP al organismo que preside Miguel De Godoy.

El empresario, a quien acusan de ser testaferro de Hugo Moyano, tendrá por hasta mediados de febrero para lograr que las operaciones de su compañía puedan ser regularizadas. Pero luego de la megacausa que investiga al líder camionero y sus empresas satélites, el futuro de OCA vuelve ser una incógnita.

El organismo volvió a renovarle la licencia porque el juzgado donde se tramita el concurso preventivo de acreedores del correo privado no envió datos sobre el alcance de este recurso que le habilitó a la empresa.

También porque la AFIP sigue manteniendo serias dudas sobre el destino de $1.100 millones que le fueron liberados a OCA por la Justicia: cree que los tiene “pisados” por dudas sobre el destino que Faruch le dará a esos fondos. Es decir, si regresan a las arcas del organismo que dirige Alberto Abad como parte de pago de la deuda que mantiene OCA o si el empresario le tiene otro uso reservado.

En la reunión del directorio del ENACOM tomaron entonces una decisión entre administrativa y política, al no tener respaldo ni judicial ni de la AFIP para adoptar una decisión final como sería la de que la licencia de la operadora postal caduque o, por el contrario, prorrogarle el servicio por los plazos reglamentarios.

El ENACOM está a cargo de las regulaciones del negocio postal. Las empresas del sector deben presentarle cada tres meses sus papeles vinculados con las operaciones y cada año revalidar la actividad. Se trata de un trámite casi automático ya que sólo se deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

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