Los cancilleres de distintos países del continente americano, entre ellos la Argentina, condenaron la “ruptura del orden democrático en Venezuela”, y manifestaron su “compromiso” de “mantener un seguimiento de la situación” en Caracas hasta “el pleno restablecimiento de la democracia en ese país”.

En una declaración conjunta, manifestaron su “compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela a nivel de cancilleres hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país y de reunirse, a más tardar, en la próxima sesión de la asamblea general de las Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países”.

Tras el cónclave que se realizó en Lima, Perú, los cancilleres manifestaron su “decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente y los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo”, la cual fue elegida el pasado 30 de julio.

La cita, a la que entre otros asistieron los representantes de Chile, Perú, México, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, fue convocada el domingo 31 de julio, día en que se eligieron los miembros de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y que tiene el objetivo de redactar una nueva Carta Magna.

En ese marco, los cancilleres manifestaron la decisión de “no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales”.

Además, afirmaron su “pleno respaldo y la solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa”, y su “enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”.

Los ministros de Relaciones Exteriores destacaron su “condena” a la “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”. En el escrito indicaron su “seria preocupación por la crisis humanitaria” que comprende a Venezuela, y “su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos ni medicinas en apoyo al pueblo venezolano”.

Además, afirmaron su “decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”, y el “apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático”.

Para los países firmantes, entre ellos Argentina, “Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones que los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Por último, consideraron que “la negociación con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia, es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias”.

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